La medida anunciada aseguró la baja del 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, para luego cerrar el resto de los registros intervenidos. Además, explicaron que, continuarán con la reducción de personal, tal como lo vienen haciendo en las distintas esperas estatales. En este sentido, indicaron que recortarán un 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

Durante el mes de enero, el Gobierno de Javier Milei anunció la intervención de todos los registros del automotor del país. Las críticas se centran en los costos, la complejidad de los trámites y el uso de dichos recursos. Al momento, hay 1.557 registros en Argentina para un mercado que mensualmente realiza aproximadamente 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado.

Bajo estas observaciones, de las 10 oficinas que hay en Lanús, el Ejecutivo había solicitado la intervención de las siguientes: N° 4, ubicado en Gobernador Irigoyen 344; N° 5, en Amancio Alcorta 143; N° 7, en la calle Salta 1966, y N° 10, en Oncativo 2178. Como medida de fuerza, todas las oficinas del país se encuentran paralizadas desde las 8.30 de la mañana de hoy, y así permanecerán hasta que las autoridades sean convocadas a un diálogo.

Por otra parte, también se anunció un cambio integral en el sistema registral que incluye la eliminación del Certificado de Transferencia Automotor (CETA), la de la cédula azul (se podrá circular con la cédula verde del titular del automóvil) y el vencimiento de las cédulas verdes. A su vez, las personas que tengan registros seccionales se harán cargo del total de los costos. También se digitalizarán los legajos de los vehículos y se hará un registro digital único y completo, suprimiendo los legajos físicos; se  propondrá a las provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia; se ejecutará un Régimen de Concursos para evitar la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años (tampoco podrán presentarse familiares o personas que no sean idóneas al puesto); se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales; digitalizarán la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales, y aumentará el importe que establece que el ciudadano debe informar al Estado el origen de los fondos mediante los cuales adquiere un vehículo. 

Asimismo, se derrogará el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos para que haya una libre competencia de oferentes, lo que, según explican se traducirá en una mejora de precios.