El intendente de Lanús, Julián Álvarez, en su rol como director del Puerto de Dock Sud, manifestó su rechazo al plan de ampliación de esa estructura y la extensión del permiso de uso otorgado a la empresa EXOLGAN por el plazo de 10 años.

Según el jefe comunal, la iniciativa no sólo carece de transparencia, al evitar una licitación pública internacional, sino que además profundizará los problemas ambientales y el deterioro de la infraestructura urbana en la región.

“Hoy quienes toman las decisiones en el Puerto son los dueños de EXOLGAN. Este proyecto, lejos de beneficiar a los vecinos, agravará las condiciones de los caminos y la calidad de vida en nuestros municipios”, afirmó el mandatario, quien representa a Lanús y Quilmes en el consorcio del puerto.

El proyecto bajo la lupa

El plan aprobado por la mayoría del directorio del puerto contempla una inversión de 150 millones de dólares para la demolición de estructuras obsoletas, la construcción de un nuevo muelle de 750 metros y la adquisición de grúas de última generación aptas para operar megabuques portacontenedores.

Según EXOLGAN, estas obras posicionarán al Puerto de Dock Sud como el más moderno de la región, aumentando su competitividad frente a terminales como Montevideo y Santos.

Además, subrayaron los beneficios que traerá la obra a nivel local y nacional: generación de empleo, reducción de tiempos de espera para los transportistas y mayor eficiencia en las operaciones logísticas, factores que, según la empresa, contribuirán al desarrollo económico del país.

Impacto ambiental y urbano: el eje del conflicto

Más allá de las críticas formales, el intendente hizo hincapié en los daños que esta ampliación podría generar en términos ambientales y urbanos. Según explicó, el aumento de la actividad portuaria incrementará el tránsito de camiones, agravando el deterioro de los caminos en distritos como Avellaneda, Lanús y Quilmes.

“La infraestructura actual ya está colapsada, y las empresas que operan en el puerto no han asumido sus responsabilidades. Si se expande la terminal, los costos los pagarán nuestros vecinos”, afirmó Álvarez, quien no descartó iniciar acciones legales para frenar el proyecto. “Nos reservamos el derecho de accionar judicialmente si esta ampliación avanza. Vamos a defender los intereses de nuestros municipios”, aseguró

Los municipios afectados ya presentaron una causa judicial en la que reclaman indemnizaciones por los daños actuales vinculados a la actividad portuaria, y consideran que una ampliación sólo agravará esta problemática.

Además, alertó sobre los riesgos ambientales asociados a la obra. La demolición de estructuras, la remoción de 300 mil metros cúbicos de tierra y la expansión de la vía navegable podrían tener un impacto significativo en el ecosistema local.

EXOLGAN defiende su plan

Desde la empresa, sin embargo, aseguran que la ampliación es fundamental para garantizar la competitividad del puerto y mejorar las condiciones operativas. Según señalan, el proyecto permitirá operar megabuques portacontenedores, generará empleos y reducirá tiempos de espera para los transportistas.

“Con estas inversiones, no sólo modernizaremos el puerto, sino que también reforzaremos la posición de Argentina en el comercio internacional. Nuestro compromiso incluye mejoras en seguridad, sustentabilidad y eficiencia operativa”, indican.