Según el estudio de la Consultora CB, el jefe comunal quedó anteúltimo en un ranking elaborado mensualmente y que muestra la visión de la población en 24 distritos del territorio bonaerense.
El intendente de Lanús, Julián Álvarez, quedó anteúltimo en un ranking que puntúa la imagen positiva de los distintos jefes comunales en el conurbano bonaerense.
El estudio fue realizado por CB Consultora Opinión Pública, que midió la figura de los mandatarios de los 23 partidos de Gran Buenos Aires y La Plata.
Álvarez volvió a quedar abajo en un sondeo que se realiza de forma mensual y que ordena en escala del mejor al peor dirigente según la opinión pública.
En el caso de Lanús, el jefe comunal no obtuvo buenos resultados ya que se encuentra en el puesto 23 con 39,6 por ciento de imagen positiva -sólo por encima de Ramón Lanús, de San Isidro, que evidencia un 39,5- y un contundente 56,4 por ciento de imagen negativa, siendo el peor registro.
JULIO 2024 – RANKING CB DE INTENDENTES DEL GRAN BUENOS AIRES (GBA)
El reporte se armó en base a la opinión de 15.186 personas, entre 599 y 665 por partido, con un margen de error del 3 al 4 por ciento.
En tanto, otros que se encuentran en la mira por su imagen son Gustavo Menéndez, intendente de Merlo (+ 40,2% y - 54,8%); Fernando Moreira, de San Martín (+ 40,5% y - 54,8%), y Mario Ishii, de José C. Paz (+ 42,9% y - 51,5%).
En el otro sector del esquema, Jaime Méndez, intendente de San Miguel, fue considerado el mejor posicionado en el ranking con un 67,8% de positiva y un 28,2% de negativa. Lo siguen: Diego Valenzuela, de Tres de Febrero (+ 67,3% y - 27,8%); Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas (+ 67,1% y - 27,9%); Juan Andreotti, de San Fernando (+ 63,7% y - 33,1%), y Federico Achával, de Pilar (+ 63,4% y -33,5%).
El ministro de Economía a nivel nacional se metió en la discusión por los servicios locales y puso el foco en el ítem de Seguridad e Higiene, que impactó en el alza de precios en los supermercados del distrito.
Por una resolución del Ministerio de Economía, los distritos no podrán recaudar cobrando las tasas a través de las facturas de luz y gas, medida que afectaría a los ingresos de las administraciones locales.