La creciente preocupación por los altos niveles de delincuencia y la falta de claridad en las acciones preventivas en Lanús llevaron a los concejales del PRO a presentar un pedido de informe al Ejecutivo Municipal sobre el plan de seguridad del distrito, aunque la iniciativa fue rechazada por el presidente del Concejo Deliberante local, Agustín Balladares, quien desempató la votación.

El bloque del PRO argumentó que es imposible cumplir con su rol de control sobre la gestión municipal sin un conocimiento profundo de las medidas implementadas en la temática. Según detallaron, aún no se ha presentado un esquema claro desde el Municipio para combatir la inseguridad en la región.

La preocupación de los ediles se fundamenta en un aumento significativo de hechos delictivos, que incluyen robos de vehículos, vandalismo en escuelas y comercios, y saqueo de cableado público.
Además, denuncian que las plazas del distrito han sido tomadas por grupos que las usan para actividades delictivas, alejando a las familias y a los niños, quienes deberían ser los verdaderos destinatarios de estos espacios.

Uno de los puntos alarmantes es el incremento de los robos bajo la modalidad de "entraderas", donde los delincuentes ingresan a las viviendas de los vecinos, poniendo en riesgo su integridad física y vulnerando su privacidad. Por eso, el proyecto exige detalles sobre el trabajo que realiza el área de Asistencia a las Víctimas, así como la cantidad de personas asistidas y el tipo de tratamiento brindado a quienes sufren las secuelas psicológicas de estos hechos.

Otro tema crítico es la presunta reducción de las cuadrículas de patrullaje en el distrito, lo que implicaría menos presencia policial en las calles. Esto, según los concejales, podría debilitar significativamente la seguridad en Lanús, afectando la capacidad de respuesta ante emergencias.

A su vez, se cuestionó la disolución del grupo PRI (Patrulla de Respuesta Inmediata), que había sido creado para patrullar zonas de riesgo según el mapa del delito del municipio. Y también se criticó la eliminación de la línea de emergencia 132, que funcionaba como complemento del 911 para alertar a la Policía y al personal de seguridad ciudadana sobre situaciones de riesgo.

En este ítem, los concejales exigieron que el informe solicitado incluyera detalles sobre la cantidad de cámaras de seguridad instaladas, su funcionamiento, la cantidad de personal asignado al monitoreo, el número de cuadrículas actuales y la cobertura que estas realizan.

También, solicitaron información sobre la interacción entre el Municipio, las fuerzas de seguridad y las dependencias judiciales que operan en la zona.

A pesar del pedido, por lo pronto, la máxima autoridad del cuerpo legislativo local tildó la iniciativa de “politiquera” y dejó atrás la posibilidad de su tratamiento. “Sin antes ratificar desde el peronismo nuestro compromiso con la seguridad, los trabajadores y los sectores medios, voy a votar de manera negativa este pedido de informe porque esto realmente me huele a politiquería, sobre todo de aquellos que gobernaron ocho años esta ciudad y no han resuelto, ni han mitigado los problemas de la inseguridad”, sentenció Balladares.