Padres y vecinos de la comunidad educativa de Lanús denuncian y reclaman una urgente solución a la ola de amenazas que viene afectando a al menos cinco instituciones desde hace casi seis meses y que se incrementó en las últimas semanas a tal punto que los llamados de “amenaza de bomba” son diarios.

Sumado a los problemas de inseguridad que atraviesa el distrito, esta situación genera preocupación en toda la región, especialmente docentes y alumnos, que exigen respuestas y acciones concretas que garanticen un ambiente escolar seguro y libre de interrupciones.
Las amenazas se concentran en las escuelas ubicadas en la calle Ituzaingó al 1700 y sus alrededores, incluyendo la Primaria N° 6, la Secundaria N° 28, Francisco Ramírez, Alfonsina Storni y el Jardín Rosario Vera Peñaloza, instituciones que vieron sus actividades trastocadas repetidamente, afectando seriamente la continuidad educativa de los estudiantes.

Recientemente, padres de la EP 6 se concentraron frente a la escuela para visibilizar su preocupación y exigir una investigación exhaustiva que identifique a los responsables de estas amenazas.
A pesar de que los protocolos de seguridad se han cumplido en cada ocasión, incluyendo la intervención de la brigada antiexplosivos de la Policía, los padres critican la falta de medidas concretas para frenar este flagelo. “Las amenazas de bomba han sido constantes y los alumnos no han podido completar una jornada escolar normal de cuatro horas consecutivas en mucho tiempo. Ya perdimos la cuenta de cuántas amenazas hubo este año. Los papás ya estamos cansados”, expresó una madre.
El impacto de estas amenazas va más allá de la interrupción de las clases. Los padres señalan que, en cada evacuación, los estudiantes, incluidos los niños más pequeños del jardín maternal, deben esperar a la intemperie, muchas veces en condiciones climáticas adversas. "Con este frío tienen que estar a la intemperie", lamentó una mamá, refiriéndose a la situación que viven los alumnos en la plaza cercana a las escuelas mientras esperan que los operativos de seguridad concluyan.
El protocolo que se aplica ante una amenaza de bomba implica la evacuación de todo el edificio educativo por parte de bomberos y Defensa Civil con la colaboración del Sistema de Emergencias local y la división de explosivos de la Policía, que es quien se encarga de la inspección en búsqueda de un artefacto explosivo. Y con el resultado negativo los alumnos regresan al establecimiento
Sin embargo, los padres denuncian que, a pesar de que el protocolo se cumple, las autoridades no han logrado detener esta serie de amenazas, que se sospecha podrían ser obra de estudiantes que buscan evitar exámenes o pruebas. "Dejen de lastimar a chicos y familias, quien hace esto es una basura y que la Justicia se mueva como corresponde", exigió una madre durante una reciente manifestación.
Las denuncias han sido canalizadas a través de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8, que está a cargo de la investigación. No obstante, el problema persiste, y hasta el momento, no se ha logrado identificar a los responsables.