El ministro de Economía, Luis Caputo, se mete en una nueva polémica que amenaza con recrudecer el conflicto con los intendentes del conurbano bonaerense, entre ellos, como viene pasando en el último tiempo con el jefe comunal de Lanús, Julián Álvarez. 

El titular de Finanzas pretende modificar el reglamento del Ente Nacional Regulador del Gas (Energas) a partir del llamado a audiencia pública, dispuesta hoy para sostenerse el 6 de febrero, con el objetivo de que se le impida a las empresas distribuidoras cortar el suministro si acaso los usuarios no pagan otros tributos que no están ligados al servicio.

Para que eso ocurra se deberá confirmar mediante el organismo, que a su vez analizará las tarifas específicas para los próximos cinco años.

La premisa del Ejecutivo es que empiece el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con las distribuidoras y transportistas. 

De allí surgirán los nuevos montos para el período 2025-2029, por lo que habrá aumentos nominales en las facturas de los usuarios además de un mecanismo de actualización “periódico” por inflación y  devaluación. 

Eso implica que se les garantizará a las empresas un sendero previsible de ingresos en los próximos cinco años a cambio de planes de inversión y estándares de calidad en la prestación.

Pero principalmente lo que se buscará es cambiar el reglamento del servicio para que las firmas de distribución no puedan cortar el suministro a los usuarios que decidan no pagar conceptos ajenos al servicio. 

Esa medida se da en el marco del choque repetido entre Caputo y los jefes comunales, con el lanusense como principal eslabón. 

Decisión gubernamental

En ese sentido, la decisión se ampara en la Ley 24.076, la Resolución de la Secretaría de Comercio 267/24, la Resolución de Enargas y la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, normas que prohíben incorporar tasas e impuestos en las boletas de los servicios públicos.

"El ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios, perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria. A su vez, estos afectan los costos de los bienes y servicios, e impiden una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones”, señaló el Ministerio de Economía a través de un comunicado hace unos días.